LA MADRE DEL CORDERO PARA LA “RIFA” DEL PAIS EN PEDAZOS, SE LLAMA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL - CPEP

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La actual CPEP, además de ilegal ya que en principio viola la CPE de 1967 en la última modificación de 2009, contiene burla perversa a la garantía y protección de DDHH Ambientales, tanto de la población boliviana cuanto en el contexto global por el alcance, así como a Tratados y Convenios internacionales suscritos por Bolivia respecto a estos derechos y sus variables, particularmente en el marco  de la  “Declaración de la Cumbre de la Tierra Eco 92”, al haberse introducido 801 preceptos relacionados a la materia ambiental  concordantes, directos, expresos y conexos pero también contradictorios y ambiguos al mismo tiempo, en 212 artículos con 740 incisos, en 17 títulos de las 5 partes de su estructura, en los 47 capítulos de las 36 secciones y en 5 disposiciones transitorias. 

La complejidad en la estructura de la CPEP y de la estructura político administrativa que establece, requiere de largos procesos de entendimiento e implementación cuando es posible y no contradictorio en su aplicación, y, al no ser prevalentes DDHH y menos ambientales, la población se encuentra en constante sometimiento a decisiones discrecionales de pocas personas de sectores públicos y privados en muchos casos en contubernio, pudiendo libremente por ello someter al Estado a intereses transnacionales que no consideran impactos negativos sobre el ambiente boliviano y menos sobre las personas, por lo que la escala del daño ambiental es  extremo e irreversible al margen del inevitable daño económico al Estado.

La CPEP no establece jerarquía ni garantía efectiva a DDHH ni a la fuente de los mismos – el ambiente y las servidumbres ecológicas -. No contiene preceptos eficaces para directrices básicas de Gestión Ambiental Estratégica Integral y menos innovadora, siendo que es fundamental para la salud del Estado y su independencia y seguridad inclusive territorial y política.  Como ejemplo de muchos, los derechos económicos se encuentran en igualdad de garantía y mejor posicionamiento que los DDHH y del ambiente al aceptar y establecer de hecho compensaciones negociables por daños a la salud y el entorno admitiendo implícitamente daño irreversible y multiplicador a los ecosistemas.

La CPEP al establecer igualdad de jerarquía entre derechos y en consecuencia la garantía a la garantía que establece la CPEP para el caso del ejemplo a derechos económicos, considerando el costo no subvencionado por el Estado de la demostración científica del daño a DDHH ambientales, abre la posibilidad a acciones discrecionales y lesivas a los intereses del Estado por parte de actores internos y externos con poder económico que les permite relacionarse a poderes político, social y sectorial e inclusive de actividades ilícitas como el tráfico transnacional de RRNN y derivados  incluyendo narcotráfico, llegando a extremos de enajenación territorial de hecho por actividades sectoriales extractivas con evidente degradación ecológica que conlleva degradación del sistema político democrático y soberano, condenando al Estado a nuevas formas de sometimiento y dependencia, dando paso al endeudamiento externo con Estados antidemocráticos que por su naturaleza cuentan con estrategias globales expansionistas como es el caso de la China y la inédita deuda externa. 

La única forma de proteger la seguridad y soberanía democrática del Estado Boliviano frente a todo lo expuesto, es retornando a la CPE antes de 2009 o mediante la reforma de la vigente CPEP introduciendo supremacía de DDHH ambientales, en consecuencias también de sus fuentes, respetando continuidades ecológicas en el ámbito nacional y con países vecinos en el marco del Derecho Ambiental Internacional, haciendo viables y efectivas las oportunidades de desarrollo económico innovador que incluye la protección ambiental, lo que necesariamente se traduce no en la modificación de  los 801 preceptos identificados sino únicamente de los artículos 13 inciso III y los incisos concordantes del articulo 109, de manera que se constituyen en preceptos ambientales prevalentes como garantía de DDHH fundamentales que conlleva garantía del sistema político democrático y soberanía e independencia del Estado Boliviano.

Por Bonnie Vargas

Activista Ambiental, Abogado

 

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